LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS TIENE SUS PRIMERAS “VÍCTIMAS”

Esta irónica situación la denuncian 24 familias de la vereda “La fragua - San Cayetano” ubicada en el municipio de San Alberto Cesar, que a su vez limita con el departamento de Norte de Santander; los afectados manifiestan que después de 27 años de ocupar unos predios adjudicados por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA”, están en riesgo de quedarse sin casa, sin cultivos y sin empleo, debido a que a través de la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) los primeros propietarios de los terrenos le están exigiendo al estado que les restituya 700 hectáreas de tierra aduciendo que fueron obligados a vender hace 21 años por presión de grupos armados ilegales.

Las hectáreas adjudicadas por el antiguo “INCORA” a las 24 familias en la actualidad son utilizadas en actividades productivas como la siembra de yuca, plátano, papaya, arroz, maíz, guanábana y guayaba, otro tanto destinado a la cría de especies menores (cerdo, chivos y gallinas) la cría de alevinos, el pasto de corte, la ganadería y la producción de leche y carne también son el fuerte para esta comunidad que abastece a 11 municipios y tres departamentos (Norte de Santander, Santander y Cesar) y además se han convertido en generadores de empleo pues se estima que cada familia tiene en promedio unos 10 trabajadores permanentes encargados de realizar labores del campo.

De acuerdo al relato de la comunidad fue en 1986 cuando un grupo de familias motivadas por la falta de vivienda decidieron ocupar pacíficamente unos terrenos que se encontraban abandonados, pasado el tiempo construyeron allí su proyecto de vida y le fueron dando uso a la tierra. Años más tarde exactamente el 27 de marzo de 1992 el representante legal de la Sociedad Agrícola y Ganadera LA FRAGUA LTDA, señor Gabriel Lían Lloreda, propietario del predio que habían ocupado los pobladores, decidió vender la tierra al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “INCORA” por 308´659.000 mil pesos tal y como se evidencia en el contrato de compra N° 490 del 27 de marzo de 1992.

Luego de que el INCORA le compra las hectáreas de tierra a Gabriel Lían Lloreda, el 30 de noviembre de 1992, ese despacho dividió las 700 hectáreas de tierra en el total de familias que a la fecha ocupaban el terreno, adjudicándole a cada núcleo familiar cerca de 18 hectáreas establecidas como unidades agrícolas familiares, lo que llevó posteriormente a constituirlas en las pocas islas de economía campesina que existen en este territorio colmado de palma africana y ganadería extensiva.  

El 19 de diciembre del 2008 la familia LIAN BARRERA (antiguos propietarios y oferentes de los predios referidos al INCORA) mediante un apoderado presentó ante el Tribunal Administrativo del Cesar con sede en Valledupar, una Acción Contractual contra el INCODER por lesión enorme con la pretensión que se decretara la RESCISION es decir (la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos) del contrato de compraventa y se condenara al INSTITUTO COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA, INCORA en la actualidad INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, INCODER a pagar la diferencia entre el pago inicial pactado en la Escritura Pública No. 490 del 27 de marzo de 1992 protocolizada en la Notaría Única del Círculo Notarial de Piedecuesta y la que sirve de acervo probatorio acreditado en el proceso.

La anterior acción contenciosa,  desconocida en ese momento por los parceleros de La Fragua y San Cayetano, surtió en primera instancia los efectos deseados por los LIAN BARRERA,  pues el quince de diciembre de 2011, mediante providencia del magistrado ponente DEXTER EMILIO CUELLO VILLAREAL el tribunal condenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, a pagarle a los demandantes la suma de OCHO MIL SETENCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS (8.728.913.024,07), por concepto de la diferencia entre el pago inicial y el valor real de los predios. Decisión que fue apelada por el INCODER.

Sin embargo a pesar de este resultado favorable en octubre de 2012 los campesinos afiliados a ASOPRODAGRO fueron notificados por la Unidad De Restitución de Tierras con sede en el municipio de Barrancabermeja sobre un proceso en su contra, iniciado por la familia LIAN BARRERA, la cual pretende mediante las acciones previstas en la Ley 1448 de 2011 obtener la restitución de los predios “San Cayetano y La Fragua”.

Situación que debe encender las alarmas no solo de los parceleros, sino del Estado mismo y la ciudadanía en general, pues en caso de darse de manera concomitante la ratificación del acto impugnado por el INCODER ante el Tribunal Administrativo del Cesar y una eventual orden de restitución de tierras a favor de los LIAN BARRERA, se estaría contraviniendo lo expuesto por las altas Cortes en varias sentencias entre ellas la sentencia C-197-1993 de la Corte Constitucional la cual reza que “El resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite; y es obvio, que si el Estado ha reparado, en parte, ese perjuicio, no puede ser condenado de nuevo a reparar la porción ya satisfecha”.