Los campesinos y campesinas de ASOCAB y las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, los nuevos hechos de hostigamiento y agresión por parte de la empresa Aportes San Isidro S.A.S, que generan nuevas afectaciones a los Derechos Fundamentales de los campesinos desplazados de la “Hacienda Las Pavas”.
 

Antecedentes:
 

1. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) ha sido sujeto del reconocimiento de sus derechos fundamentales por diferentes entidades administrativas y judiciales del Estado colombiano: se ha reconocido su calidad de víctimas del conflicto armado, se ha reconocido la condición de baldíos a los predios que explotaban antes de su desplazamiento forzado en el 2003, y se ha adelantado una investigación penal que ha llevado a la captura de un grupo importante de los responsables de dicho desplazamiento.
    

2. A pesar de la existencia de estas decisiones en firme proferidas por los más altos órganos judiciales y administrativos, la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S desconoce sistemáticamente lo ordenado por el estado colombiano. Esta empresa ha vuelto una costumbre que, cada vez que el Estado resuelve una situación jurídica a favor de los campesinos, intensifica sus amenazas y hostigamientos en el territorio.

Así, por ejemplo, en el mes de enero tras una resolución de acusación proferida por la Fiscalía General de la Nación por el delito de desplazamiento forzado, y cuando dicho documento todavía era reserva del sumario, la empresa publicó apartes de dicha resolución que contenían nombres de los campesinos denunciantes, en un acto claramente amenazante en contra de la comunidad.
 

Hechos:
 

1. En esta oportunidad, la decisión favorable a los campesinos consistió en un auto del 25 de agosto del presente año, en el que el Consejo de Estado declaró que está en firme y vigente la decisión del Estado Colombiano de extinguir el dominio que la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. tenía sobre los predios de la “Hacienda Las Pavas”. El alto órgano judicial declaró que dichos predios son en la actualidad baldíos de la nación y están siendo indebidamente ocupados por la empresa en mención.
    

2. La empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S habiendo sido notificada de dicha decisión y conociendo el deber de no explotar más dichos predios, emprendió un nuevo acto de desconocimiento del ordenamiento jurídico colombiano, entrando el 8 de septiembre a un predio de la Hacienda Las Pavas, con un cuerpo de aproximadamente 20 hombres para hacer una nueva siembra de palma de aceite.
    

3. Esta expansión ilegal del cultivo de palma se adelantó sobre el predio al cual había retornado, recientemente, Filomena Alvear (miembro de ASOCAB) junto con su núcleo familiar, en ejercicio de los derechos que le ha reconocido el estado colombiano.
    

4. La actuación de la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. (quien además pretende reanudar la siembra de palma el día de hoy 11 de septiembre), pone una vez más en evidencia que cada vez que hay una decisión del estado colombiano desfavorable a los intereses de la misma, ésta responde con hostigamientos graves y directos que atentan contra los derechos fundamentales de la comunidad de campesinos de ASOCAB.

Solicitamos:
 

1. A la alcaldía del Municipio de El Peñón que en ejercicio de la resolución 022 del 30 de enero de 2017, desaloje a la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S de los predios de la Hacienda Las Pavas
2. A la Policía Nacional que se tomen las medidas policivas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB)
3. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y a la Gobernación del Bolívar, que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental al retorno en condiciones de seguridad de los miembros de ASOCAB.  
4. A la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a las que haya lugar en contra de la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S por la continuación del delito de desplazamiento forzado y fraude a resolución judicial o administrativa de policía
5. A la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS que en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de estado acate la orden 5 del auto del 28 de agosto: “EXHORTAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS –ANT– para que en ejecución de sus competencias de administración de baldíos revertidos a la Nación, adopte las medidas correspondientes para evitar la realización de actos de explotación  indebidos sobre los mismos, conforme a las consideraciones de esta providencia, y adopte las medidas del caso para garantía del derecho al retorno de los desplazados ya reconocidos”.

Asociación de Campesinos de Buenos Aires - ASOCAB. Buenos Aires, Municipio de El Peñón, Bolívar. 11 de septiembre de 2017

Organizaciones acompañantes

• Pensamiento y Acción Social - PAS
• Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM
• Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana
•  Protection International - PI
• Peace Watch Switzerland – PWS
• Equipos Cristianos de Accioìn por la Paz – ECAP

Para mayor información, visita nuestra página web: www.pas.org.co

 

 

Con éxito se llevó a cabo la primera jornada móvil de acceso a la justicia realizada en el corregimiento san miguel del tigre en el municipio de Yondó Antioquia, actividad realizada en el marco del proyecto Justicia Local Para la Paz, como una estrategia  nacional que acerca los operadores de justicia a las comunidades de las zonas rurales dispersas.

El componente sistemas locales de justicia en alianza con las alcaldías y gobernaciones, permiten que los servidores públicos lleguen hasta la ruralidad y ofrezcan sus servicios a los habitantes de veredas y corregimientos.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, la comunidad rural tuvo acceso a los servicios de la Registraduría, Unidad de Víctimas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, personería municipal, Sisben, comisaría de familia, entre otros, de igual manera la administración municipal se hizo presente a través de la secretaría de gobierno, la oficina de planeación, secretaria de vivienda, oficina del adulto mayor, entre otras dependencias.

Las dificultades en las vías de comunicación, las distancias entre la ruralidad y las cabeceras municipales y el factor económico son algunas de las razones por las cuales las comunidades no tienen la facilidad de acceder a los operadores de justicia, estos ejercicios les permite llegar con los servicios hasta sus veredas y corregimientos, convirtiéndose en una oportunidad para recibir una atención adecuada.

El proyecto justicia local para la paz es una iniciativa del gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Redprodepaz y ejecutado en la región por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Los estudiantes del corregimientos también hicieron parte de la jornada, recibiendo charlas sobre derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, a través del programa de salud sexual orientado por profesionales del programa de desarrollo y paz del magdalena medio.

Con éxito se llevó a cabo la primera jornada móvil de acceso a la justicia realizada en el corregimiento san miguel del tigre en el municipio de Yondó Antioquia, actividad realizada en el marco del proyecto Justicia Local Para la Paz, como una estrategia  nacional que acerca los operadores de justicia a las comunidades de las zonas rurales dispersas.

El componente sistemas locales de justicia en alianza con las alcaldías y gobernaciones, permiten que los servidores públicos lleguen hasta la ruralidad y ofrezcan sus servicios a los habitantes de veredas y corregimientos.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, la comunidad rural tuvo acceso a los servicios de la Registraduría, Unidad de Víctimas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, personería municipal, Sisben, comisaría de familia, entre otros, de igual manera la administración municipal se hizo presente a través de la secretaría de gobierno, la oficina de planeación, secretaria de vivienda, oficina del adulto mayor, entre otras dependencias.

Las dificultades en las vías de comunicación, las distancias entre la ruralidad y las cabeceras municipales y el factor económico son algunas de las razones por las cuales las comunidades no tienen la facilidad de acceder a los operadores de justicia, estos ejercicios les permite llegar con los servicios hasta sus veredas y corregimientos, convirtiéndose en una oportunidad para recibir una atención adecuada

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A través de un oficio el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, Harvey León Quintero García y el Defensor Delegado para Asuntos Agrarios y de Tierras, Jorge Eduardo Camargo Carvajal, le pidieron al Juez Promiscuo Municipal de Puerto Wilches Santander, suspender la diligencia de desalojo de las 30 familias de los corregimientos El Guayabo y Bella Unión, programada para el cinco de julio del año en curso.

En el documento los funcionarios públicos le manifiestan al Juez que:  “ la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y de Tierras, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras, en ejercicio de nuestras funciones preventivas de intervención administrativa y judicial y como agentes del ministerio público garantes de la protección de los DDHH, respetuosamente solicitamos que la diligencia de desalojo que se encuentra programada por la Inspección de Policía de Puerto Wilches, que afecta a las familias campesinas que habitan el predio objeto del proceso, cuente con las medidas que para estos casos la corte constitucional ha establecido”.

Lo anterior debido a que las familias campesinas que habitan el predio objeto del proceso ordinario reivindicatorio del asunto, recurrieron al Ministerio Público para informar que las instancias pertinentes no han desarrollado ninguna medida tendiente a garantizar su derecho al debido proceso, la vivienda digna y el mínimo vital, previo a la práctica de la diligencia de desalojo, a través de la aplicación del protocolo constitucional para los desalojos de las personas desplazadas y víctimas del conflicto armado interno que se encuentra establecido en la sentencia T 239/13.

La comunidad del Guayabo y Bella Unión marcharon la semana anterior en el casco urbano de Puerto Wilches, manifestando su preocupación por la orden de desalojo emitida por el juez municipal, y aunque lograron que el Ministerio Público se pronunciara y detuviera la acción, continúan a la espera que el proceso avance y se den resultados positivos en favor de las familias campesinas.

El día y la hora en la que estaba programado el desalojo, las familias se concentraron en una de las fincas del corregimiento, participaron de un acto litúrgico y de acción de gracias, posteriormente manifestaron sus inquietudes sobre el avance del proceso en el tema jurídico, la concentración estuvo acompañada por organizaciones internacionales como Equipos Cristianos de Acción por la Paz, Observación de Paz Internacional, Asorvimm, Diócesis de Barrancabermeja y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

La comunidad del Guayabo y Bella Unión, está compuesta por cerca de 60 familias que desde hace más de 30 años habitan los predios de Altamira y San Felipe, son campesinos trabajadores que dependen de la tierra para su subsistencia y la de sus familias, además de ser productores de alimentaos para la región, sin embargo desde hace cinco años, han sido objeto de acciones jurídicas y otras violentas e ilegales para desplazarlos y despojarlos de sus tierras, por parte de una persona que presuntamente manifiesta ser dueña de los predios.

Las familias seguirán en los predios a la espera que se haga justicia, con la esperanza de poder permanecer en su territorio como lo han hecho en los últimos 30 años y que finalmente le puedan ser adjudicados las tierras por el derecho a la posesión.