En el marco del convenio suscrito entre INTERCOLOMBIA filial de ISA y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, cuyo objetivo es fortalecer a la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias rurales de los municipios de San Vicente de Chucurí, Betulia y Barrancabermeja, el 25 de marzo en Tienda Nueva, el 1 y el 5 de abril en La Fortuna y la Unidad de Desarrollo Comunitario, se dieron a conocer en cada uno de estos municipios los principales resultados del proceso que ya completa año y medio y el cual ha presentado.

Estos escenarios de socialización contaron con la participación 28 líderes de organizaciones comunitarias (juntas de acción comunal y asociaciones gremiales) y funcionarios de entidades públicas y privadas Alcaldías de Betulia, Barrancabermeja, Centro de Estudios Regionales y Diócesis de Barrancabermeja). En estas jornadas se presentaron los resultados del convenio en lo que tiene que ver con escenarios de concertación con empresas públicas e iniciativas sociales y productivas.

Dentro de los resultados más destacados, se resalta: 1) el fortalecimiento de la economía productiva campesina con cultivos de cítricos y cacao con 40 familias en las veredas La Cascajera y Patio Bonito en Barrancabermeja, La Lizama II, Las margaritas y Pozo Nutrias en San Vicente de Chucuri y los sectores del Puente, Golondrinas y Aguamieluda en Betulia, esta iniciativa sumó recursos públicos y privados, generó mil doscientos jornales y transferencia de tecnológica, 2) La construcción de una ruta social y jurídica con 57 familias que ocupación del corredor vial y que están en proceso de negociación con las Concesionarias “Ruta del Sol” y “Ruta del Cacao”, 3) Implementación de una unidad pedagógica de piscicultura en la Playa en alianza con el SENA, La Alcaldía de Betulia, la Fundación para el Desarrollo de la Piscicultura – FUNDAPAIN, que permite la formación de 35 técnicos de las veredas aledañas, 4) Mercado campesino en la Fortuna que integra los productores de la zona baja de San Vicente de Chucuri, Sabana de Torres y Barrancabermeja.

Otro aspecto importante de la jornada, fue la presentación de la fase 2 del convenio, el cual tendrá una duración de dos años y permitirá fortalecer las iniciativas de la fase 1 y un plan de capacitación en temas administrativo, contable, financiero, elaboración, gestión y ejecución de proyectos productivos con las organizaciones comunitarias (Juntas de Acción Comunal, Asociaciones y otros entes) y  estructurar  y puesta en funcionamiento de cinco fondos rotatorios con capital semilla con igual número de organizaciones.

Barrancabermeja, Abril 21 de 2017.

Por Mario Zamudio Palma Publicado abril 6, 2017 En Conflicto, Construcción de Paz

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El balance es negro: desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, en Colombia ha sido asesinado cada cuatro días un miembro de un movimiento político o social. En total, hasta hoy, la cuenta de líderes muertos va en 29. Estas primeras víctimas del posconflicto son hombres y mujeres que trabajan en asociaciones campesinas, cabildos indígenas, sindicatos comunitarios o universidades; activistas políticos o sociales que serán, en últimas, los que legitimen la apuesta del gobierno por hacer cumplir el acuerdo de paz. Cauca, Antioquia, Meta, Putumayo, Cesar, Córdoba y Valle son los departamentos donde se ha concentrado la violencia contra los líderes sociales. Pero esta ha llegado incluso a ciudades como Medellín o Bogotá. Por eso, más de cincuenta representantes de la sociedad civil decidieron enviarle una carta al presidente Santos, al Fiscal General y al vicepresidente Óscar Naranjo. Entre los firmantes están escritores, profesores universitarios, artistas, activistas por la paz, fotógrafos, defensores de derechos humanos, políticos y académicos. Lo hicieron por que están preocupados “por la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales”, según dice el documento. El texto afirma que persisten “patrones de violencia” en las regiones donde el posconflicto llegará con más fuerza, y que esos patrones hacen parte de una cadena de “disputas territoriales, rentas o formas de hacer política”. Según los firmantes, “al amparo de discursos de odio y de una rampante corrupción, actúan grupos que estigmatizan a los líderes sociales que se oponen a sus intereses y defienden las comunidades, recursos, y territorios”.

“Al servicio de un complejo narco-paramilitar actúan grupos armados ilegales y agentes de violencia que, entre muchas de sus acciones, vienen atacando los liderazgos sociales comprometidos con la paz, la defensa de los derechos humanos y con la reconstrucción del tejido social y comunitario”, continúa la carta. Conscientes de esa violencia, que miembros del Estado han insistido en que no es sistemática pero que las víctimas le achacan a grupos sucesores del paramilitarismo, señalan que “el Estado tiene la obligación de garantizar la protección adecuada de ese liderazgo, no hacerlo constituye un delito de omisión y un desconocimiento a los principios rectores de la Constitución”. Frente al debate sobre la sistematicidad de los crímenes, las personas que apoyaron la redacción de esta carta afirman que “el mapa de asesinatos y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes en las regiones y de ataques a organizaciones sociales, muestra la realidad y dimensión de la crítica situación y la necesidad de respuestas efectivas de prevención, protección e investigación”.

Al asesinato de líderes sociales se suman, de acuerdo con la carta, las detenciones “arbitrarias” contra “personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos”. El texto se refiere específicamente a lo sucedido a finales de marzo en el sur de Bolívar, donde fueron capturados una docena de líderes sociales, acusados de pertenecer a redes de apoyo del ELN en esa zona del país. Frente a este hecho, los firmanes señalan que “lo que está en juego no es solamente la presunción de inocencia de unas personas, ni su derecho al ejercicio de la protesta social sino, además, la posibilidad real de la construcción de paz”.

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DENUNCIA PÚBLICA

JUDICIALIZACIÓN, PERSECUCIÓN Y ESTIGMATIZACION HACIA LA COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DE CESAR Y LAS COMUNIDADES DEL SUR DE BOLIVAR, CENTRO Y SUR DE CESAR.

COLOMBIA. 28 DE MARZO DE 2017.  La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar – CISBCSC, denuncia ante la opinión pública, los organismos del Estado, la comunidad Internacional y pueblos campesinos, étnicos y populares de Colombia y el mundo, el incremento del riesgo y la grave afectación de los DDHH de las comunidades de la región motivados por la reciente detención masiva de líderes sociales y pobladores de la región que se suma al fortalecimiento de las estructuras paramilitares, la corrupción, la inacción Estatal y la creciente persecución y estigmatización por parte de organismos y funcionarios del Estado a los pobladores del Sur de Bolívar y sus líderes y lideresas.

En los hechos del 22 de marzo de 2017, fueron detenidos 12 pobladores del Sur de Bolívar entre los cuales se encuentran MILENA QUIROZ JIMENEZ, vocera de la CISBCSC e integrante de la Cumbre Agraria;  MANUEL FRANCISCO ZABALETA  presidente de la Asociación de Mineros de Casa de Barro, vocero de la CISBCSC y miembro de FEDEAGROMISBOL; ISIDRO ALARCÓN reconocido líder social del municipio de Micoahumado.  Así mismo el mismo 22 de marzo intentaron detener a la lideresa ARISOLINA RODRÍGUEZ vocera de la Comisión de interlocución e integrante de Asamblea constituyente de Micoahumado. De la misma manera indagaron por PABLO DE JESÚS SANTIAGO, vocero de la Comisión y directivo de FEDEAGROMISBOL y por otros líderes. Estos graves hechos criminalizan y estigmatizan la protesta social, la pequeña minería y en general a las comunidades del Sur de Bolívar y se suma al difícil contexto por el cual atraviesan las comunidades en su decisión por optar por el trabajo y la lucha social en pro de la vida digna y la permanencia en el territorio.

Denunciamos cómo, a pesar del incremento del asesinato y demás agresiones contra los líderes sociales generados por parte de las estructuras paramilitares, los atropellos y violaciones de los Derechos Humanos e infracción al DIH, el Gobierno Nacional (autoridades civiles y militares) y los organismos del Estado colombiano no han tomado las medidas para frenar el avance de la dinámica paramilitar y con esto las agresiones  a campesinos, indígenas, afrodescendientes y a sus líderes sociales. Advertimos que lo que sí ha venido realizando el gobierno y sus instituciones es negar las causas y las lógicas que se esconden detrás de esta oleada en contra de las comunidades campesinas, étnicas y populares.

Así mismo, denunciamos cómo el Gobierno Nacional en lugar de ser efectivo en proteger nuestros derechos, se muestra presuroso a la hora de propiciar la persecución y estigmatización de la protesta y de la lucha social, con lo cual se muestra cómplice de los intereses que a través de la estrategia paramilitar buscan el despojo y el control sobre nuestras tierras y territorios.

Reiteradamente las comunidades de la región a través de la CISBCSC, hemos mostrado nuestro rechazo, preocupación e inconformismo ante el avance de megaproyectos tales como los de infraestructura vial (Ruta del Sol y la vía 4G que comunicaría a Norte de Santander – Cesar – Sur de Bolívar y Sucre), el proyecto de la canalización del rio Magdalena,  los puertos multimodales, el extractivismo minero energético y   la agroindustria de palma aceitera.  Lo cual ha traído para la región corrupción, pobreza, desempleo, ruptura del tejido social, violación de Derechos Humanos, destrucción de nuestros bienes comunes y del ambiente. Por eso constatamos cómo mientras el Estado ha sido ágil en favorecer los intereses que se ciernen sobre nuestras tierras y territorios, ha prestado oídos sordos a nuestras propuestas, argumentos, reclamos y denuncias.

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Audio nota radial LA FM de RCN Radio

Sobre las Captura a los Lideres Sociales