En el municipio de Santa Rosa del Sur, Simití y Cantagallo, con presencia de líderes comunales, administración municipal y operadores de justicia, se realizó la socialización del proyecto Sistemas Locales de Justicia, Cesar Pineda del Ministerio de Justicia y del Derecho, acompañó las jornadas de socialización en los tres municipios.

El proyecto tiene como propósito el fortalecimiento e implementación de los sistemas locales de Justicia y Juntas de acción comunal, en los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití y Cantagallo, acompañado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Redprodepaz, con recursos de la Unión Europea.

Los Sistemas Locales de Justicia son una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad, para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía. Se  pretende que  los  SLJ se  ajusten  a  los  contextos  y  necesidades  específicas  de  cada población, generando  así, una  mayor  y mejor oferta  de  justicia  y  un  pleno  acceso  a  ella,  con principios de acción claros: justicia restaurativa, acción sin daño, participación y enfoque diferencial.

En principio la intervención se ha priorizado en unos municipios que han sido afectados por el conflicto armado, caracterizados según índice de victimización, presencia de actores armados, barreras de acceso a la justicia y ruralidad dispersa, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo, Sucre, Tolima, Caquetá, Cauca y Norte de Santander.

La implementación de los SLJ tiene como propósito generar y recuperar confianza en la institucionalidad, especialmente en lugares donde las prácticas sociales han construido una idea de la justicia fuera del orden legal. Como premisa para lograrlo se busca articular a los operadores de justicia formal (Juzgados y Fiscalías), justicia administrativa (Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Personerías Municipales), justicia alternativa  (Conciliadores  en  Equidad y en Derecho  y  Mediadores) y justicia propia  (Jurisdicción  Indígena  y  Comunidades afrocolombianas),  sumado al trabajo colaborativo de las demás  entidades  públicas  y  la  sociedad. 

Bogotá, mayo 6 de 2017. Gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Alta Consejería para el Posconflicto y la Red de Programas de Desarrollo y Paz -Redprodepaz, con el apoyo de la Unión Europea, avanza sin contratiempos la implementación de 34 Sistemas Locales de Justicia (SLJ) en Caquetá, Antioquia, Cauca, Nariño y Bolívar y en 16 municipios más de los departamentos de Nariño y Cuaca se acompañan procesos de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal.

Lo anterior, en el marco del Proyecto ‘Justicia Local para la Paz’, creado para fortalecer la acción integral en materia de justicia del gobierno nacional en el posconflicto y poner en funcionamiento estrategias de justicia local que mejoren la capacidad y calidad de respuesta de los operadores de justicia en los territorios en articulación con la sociedad civil.

“Reconocemos la utilidad de este proyecto y el importante trabajo que se desarrolla en los territorios”, aseguró el Viceministro de Promoción de la Justicia, Fabián Marín Cortés, quien presidió el primer Comité Directivo del Proyecto y agradeció el acompañamiento de la cooperación internacional y la vinculación de la sociedad civil en estos procesos de reconstrucción de tejido social, confianza y fortalecimiento de la justicia en los territorios.

Los SLJ - eje central del Plan Decenal de Justicia- son una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.

En los municipios en los cuales se implementan los Sistemas Locales de Justicia, se hace un reconocimiento de conflictividades y barreras de acceso principalmente y con base en ellas los actores del SLJ definen rutas de atención, acuerdos de fortalecimiento a entidades competentes y se programan distintas acciones para lograr resolver sus problemas. Uno de los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia en zonas rurales son las Jornadas Móviles.

Los SLJ están conformados en el ámbito local por las Alcaldías, la Justicia formal Judicial (jueces, fiscales, defensores públicos y procuradores), Justicia formal administrativa (personeros, comisarios de familia, corregidores e inspectores de Policía), Justicia no formal, las Jurisdicciones especiales (Jurisdicción especial indígena y Consejos Comunitarios), entidades públicas complementarias, actores sociales y facilitadores locales (Juntas de Acción Comunal, Centros de Conciliación, Conciliadores en Equidad, Jueces de Paz, Conciliadores en Derecho y Árbitros).

En la Reunión del Comité Directivo del Proyecto ‘Justicia Local para la Paz’ se hicieron presentes el Viceministro de Promoción de la Justicia, Fabián Marín Cortés; el jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, Francisco García; la agregada de Cooperación y líder del Proyecto en Unión Europea, Lucrecia Cibrian Goñi; el delegado de la Alta Consejería para el Posconflicto, Alex Castro; el Director de la Redprodepaz, Jorge Alberto Tovar Beltrán; la Directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Minjusticia, Johana Vega Arenas; el líder del equipo estratégico nacional de SLJ, Cesar Pineda Castro, y el Coordinador Nacional del Proyecto, Daniel Acevedo.

Mayor Información

Laura Suárez Chaparro

Coordinadora Comunicaciones Proyecto Justicia Local para la Paz

Cel. (57) 312 6195204

Liliana Flórez Bernal

Prensa Ministerio de Justicia y del Derecho

3018092771

Con éxito culminó el proyecto de mejoramiento de la vía El Porvenir – Corinto del municipio de Landázuri Santander. El alcalde Milton Téllez en compañía con los presidentes de JAC y la comunidad en general, recibieron la obra, y se mostraron muy satisfechos y complacidos con el mejoramiento vial. Ahora sacar sus productos de las fincas será más sencillo, así mismo se facilitará la asistencia de los estudiantes a la escuela veredal y al colegio ubicado en la cabecera municipal,  debido a que en épocas de lluvia, transitar por esa vía era casi imposible.

Para el mejoramiento de la vía se hizo necesario construir seis alcantarillas y más de doscientos  metros de placa huella dividida en tres tramos,  en los lugares escogidos por la comunidad con la asesoría de ingenieros, por considerarlos pasos críticos sobre todo en época de invierno.

Este mejoramiento vial beneficia a más de dos mil familias que viven en las veredas aledañas y que deben utilizar este corredor vial. La obra que tuvo una inversión superior a los 200 millones de pesos, fue financiada por la embajada de Japón luego de un convenio con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. La alcaldía de Landázuri realizó la interventoría de la obra. Por su parte la comunidad de las veredas beneficiadas, quedan con el compromiso de realizar el mantenimiento de la vía, para garantizar el buen funcionamiento de las alcantarillas y el tránsito por las placas huellas.

Esta vía reviste importancia porque a futuro se puede convertir en una vía alterna a la Transversal del Carare hasta el km 15 y por ahora facilitará la comercialización de productos agropecuarios como cacao y frutales (cítricos) entre otros y el acceso de alimentos e insumos agropecuarios.

Un mes después de las capturas de los líderes sociales en el sur de Bolívar, las organizaciones acompañantes gestionaron ante el gobierno nacional, una visita de verificación, con el propósito de recibir las denuncias directamente de las comunidades, frente a las violaciones de Derechos Humanos, que se presentaron en el marco de las capturas. La comisión de verificación estuvo compuesta por parte del gobierno nacional por un representante de la Fiscalía, el ministerio del interior y la unidad nacional de protección, los tres funcionarios en compañía de la Comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur de Cesar, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Credhos y brigadas internacionales de Paz, se reunieron con los familiares de los capturados en el corregimiento de Micoahumado del municipio de Morales Bolívar.

Las comunidades denunciaron los atropellos por parte de la fuerza pública, específicamente de la policía judicial, quienes ingresaron a varias viviendas sin mostrar las órdenes de allanamiento y destruyendo los enseres de las viviendas, así mismo en esos operativos la comunidad denunció la pérdida de dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor como computadores, dichos objetos y dineros no fueron registrados en actas, por lo que hasta el momento nadie responde por las pertenencias. En este corregimiento denunciaron como a una pareja que capturaron, la sacaron de su vivienda en ropa interior debido a que los operativos se realizaron en horas de la madrugada, no les permitieron vestirse, por lo que fueron paseados por las calles del pueblo en ropa íntima, mostrando un trato indigno, claramente violando sus derechos humanos.

En la segunda jornada programada para la vereda Casa de Barro, del municipio de Norosí, los funcionarios del gobierno nacional, abandonaron la misión de verificación, aduciendo falta de garantías de seguridad para el desplazamiento, según información que les dio el ejército nacional, de esta manera los habitantes de la vereda se quedaron a la espera de los funcionarios, por su parte las organizaciones acompañantes (Credhos, PDPMM, Cisbcsc, y brigadas internacionales de paz), llegaron hasta la vereda en compañía del Alcalde y personero de Norosí, donde se encontraban más de 60 campesinos, a quienes se les explicó el porqué no llegaron los funcionarios del gobierno nacional. “Es paradójico como el ejército no garantiza la seguridad a funcionarios que van a recibir denuncias precisamente de los abusos de la fuerza pública”, manifestó uno de los líderes de la zona. A pesar de la ausencia del estado, las comunidades en esta vereda denunciaron también, como en el desarrollo de las capturas y allanamientos, no se presentaron las órdenes correspondientes, de igual manera denunciaron la pérdida de dinero, joyas y el daño de varios de sus enseres.

La tercera y última jornada se cumplió en el municipio de Arenal Bolívar, allí sí estuvieron presentes los delegados del gobierno nacional, escuchando la narración de los hechos por parte de los afectados y recibiendo de igual manera denuncias de los abusos de autoridad, malos procedimientos en las capturas, intimidaciones y daños en enseres, en este municipio se presentaron pérdidas de joyas, dinero en efectivo y una alcancía con monedas de una de las viviendas.

Dentro de los compromisos por parte de los funcionarios del gobierno nacional, está redactar un informe con todas las denuncias y cursarle copia a las instancias pertinentes, para que se inicie las investigaciones del caso y de esta manera sean encontrados los responsables de las pérdidas de los objetos de valor y el dinero, así mismo las denuncias frente a las inconsistencias en los procedimientos de las capturas, sean dadas a conocer al juez encargado de los mismos y se anexen a los expedientes.

Barrancabermeja, abril de 2017